Con 20 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones el Congreso de Baja California aprobó el 21 de abril del 2022, la reforma que modifica el artículo 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y adiciona al Código Penal un Capítulo XII denominado Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género. Ésta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 500 a 2 mil veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Sin embargo, al día siguiente de la aprobación de dicha ley, la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que no publicaría la ley, pues antes la regresó al Congreso local solicitando se hagan algunas modificaciones. Al respecto activistas señalan como preocupantes las modificaciones que la gobernadora solicita, pues implican un retroceso y por tanto se trataría una ley que no respaldaría por completo a las personas de las diversidades sexuales y de género en el Estado, ya que entre ellas Marina del Pilar pide que sólo se consideren Ecosig las prácticas realizadas contra la voluntad de la víctima tiene, ello deriva en 2 problemas. Por un lado, desconoce el hecho de que estas ‘terapias’ muchas veces parten del engaño. Por otro, obvia los posibles abusos de autoridad de padres o jerarcas religiosos hacia menores de edad o feligreses.
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