Las iniciativas de Ley LGBT+ fallidas en Guanajuato

 

Por Ericka López Sánchez

Coordinadora general y fundadora de Between LGBT*

De 2018 a la fecha en el estado de Guanajuato se han presentado siete iniciativas de ley a favor de las poblaciones pertenecientes a las diversidades sexuales y de género y sólo una ha sido aprobada, pero para que esto ocurriera se emprendió antes un litigio estratégico.

Guanajuato tiene un retraso importante con respecto a las dinámicas subnacionales de aprobación de derechos LGBT+ en México, lo que se traduce en sustantivas deficiencias en la garantía de derechos humanos de manera igualitaria a toda su población y en consecuencia una nula construcción democrática inclusiva.

A la fecha, en México, se han reconocido 104 derechos LGBT+ de alcance subnacional. Las 32 entidades federativas que conforman a la República Mexicana tienen al menos un derecho a favor de estas poblaciones. Guanajuato se ubica en ese mínimo de derechos reconocidos.

Iniciativas de ley de matrimonio igualitario

Es hasta octubre de 2018 cuando por primera vez en el estado, el Partido de la Revolución Democrática presenta una iniciativa de reforma de ley en torno al reconocimiento del matrimonio igualitario. No se logra que se presente en el pleno, por lo que en octubre de 2020 el Movimiento de Regeneración Nacional presenta nuevamente, sin éxito, una iniciativa en ese mismo sentido. Un tercer intento fallido se da en abril 2021 por parte del Partido Verde Ecologista. Y la última acción se da en septiembre de ese mismo año cuando un diputado del Verde Ecologista presenta una modificación al Código Civil para el estado de Guanajuato.

El matrimonio igualitario se consigue finalmente en Guanajuato en diciembre de 2021, por una orden administrativa que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, hace al Registro Civil para permitir que se casen personas del mismo sexo. El mandato del Ejecutivo estatal no alteró en lo absoluto al Código Civil.

Iniciativas de ley de identidad de género

En el marco de la LXIV Legislatura hubo tres intentos de presentar en el pleno la ley de identidad de género de las personas trans y de género no binario, y estos fueron en febrero de 2019, por el Partido del Trabajo; en octubre de 2020, por el Movimiento Regeneración Nacional; y en abril de 2021 por el Partido Verde Ecologista.

Sobra decir que ninguna tuvo la consecuencia de ser dictaminada en comisiones, ni votada en el pleno del Congreso.

En octubre de 2021, ya durante la LXV legislatura, se da un intento más sobre legislar en materia de ley de identidad de género. El Partido Movimiento Ciudadano presenta una nueva iniciativa, de la cual no se sabe nada.

Iniciativas de ley sobre la creación de Direcciones de la Diversidad Sexual en los municipios del estado de Guanajuato

 

Durante la LXIV Legislatura, en junio de 2020, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa de ley para Diversidad Sexual del estado de Guanajuato y sus municipios. La iniciativa sigue en revisión y es la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables quien lleva a cabo las mesas de trabajo para analizarla.

Iniciativas de ley en torno a la prohibición de ECOSIG en Guanajuato

En torno a esta ley ha habido dos intentos de iniciativas: una en octubre de 2020, por el Movimiento de Regeneración Nacional, y otra en abril de 2021, por el Partido Verde Ecologista de México.

La propuesta consistía modificar el Código Penal para el Estado de Guanajuato con el objeto de tipificar los llamados esfuerzos para cambiar la orientación sexual y/o identidad de género (ECOSIG). Hasta la fecha estas iniciativas tampoco han sido dictaminadas.

Iniciativa de ley para la tipificación de los crímenes basados en prejuicio motivados por la orientación sexual e identidad de género

 

En abril de 2021, en el marco de la LXIV Legislatura, el Partido Verde Ecologista presentó la iniciativa de reforma de ley a fin de modificar el Código penal para el estado de Guanajuato con el objeto de tipificar los crímenes basados en prejuicio por motivo de orientación sexual e identidad de género.

A la fecha no ha sido dictaminada, mucho menos ha sido sometida a votación.

Iniciativa de Reforma de ley contra el Bullying LGBT+

 

En mayo de 2021 un diputado del Partido Verde Ecologista presenta la iniciativa contra el bullying LGBT+, pero ésta no ha sido dictaminada hasta la fecha.

Iniciativa de Presupuesto Focalizado para las poblaciones LGBT+

A inicios de 2022, la organización Amicus, bajo la dirección de Juan Pablo Delgado, presentó ante los tribunales un amparo para que el Congreso del estado de Guanajuato asignara en el presupuesto de egresos de 2022 una partida específica para generar política pública a favor de las poblaciones LGBT+.

En una sentencia dictada el 31 de marzo de 2022 el juez Cuarto de distrito con sede en León concedió la demanda de amparo promovida por los activistas locales contra la omisión del Congreso para incluirlos en la partida presupuestal del 2022.

No obstante, el Congreso objetó en contra de la sentencia, pues tuvo numerosas resistencias, pero después de siete meses de que se diera el primer fallo a favor de lo demandado por las personas activistas LGBT+, negociaciones y litigios estratégicos, el Congreso local se vió obligado a acatar el amparo 156/2022 ganado en segunda instancia.

En un hecho histórico a nivel nacional, en octubre de 2022, las y los diputados de Guanajuato aprobaron reformas a la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. Dada la demora en acatar la sentencia, y la imposibilidad de realizar en los dos meses restantes del año estudios para designar la política pública prioritaria de las poblaciones LGBT+, este ejercicio de recursos se trasladó para el 2023.

Esta ley es hasta ahora la única en materia de derechos LGB+ que ha derivado en política pública y que impactará en la cotidianidad de estas poblaciones; además de que sienta un precedente en la manera cómo se debe aplicar los recursos destinados a generar política pública y la incorporación horizontal de las poblaciones beneficiadas, lo que fortalece el ejercicio ciudadano.

Queda claro que esta iniciativa pudo llegar al pleno del Congreso del estado, ser votada y aprobada por el litigio estratégico que se emprendió antes desde Amicus. La judicialización es la única alternativa que existe hasta ahora en Guanajuato para que una iniciativa de ley a favor de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género logre ser votada y aprobada.

Deudas de las y los congresistas locales con las poblaciones LGBT+ guanajuatenses

 

Sin importar las legislaturas, se observa una resistencia moral de las personas congresistas para legislar a favor de la vida digna de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género de Guanajuato, lo que da cuenta de su nula sensibilidad por un proyecto político genuino de inclusión. Y esto se puede observar cuando ni siquiera tienen empatía por legislar a favor de la tipificación de crímenes de odio basados en prejuicios motivados por la orientación sexual e identidad de género, o por sancionar el bullying que viven las personas LGBT+ de manera cotidiana y permanente.

En el Congreso no les interesa ni siquiera asegurar la vida de todas las personas, bajo la premisa del derecho a la diversidad humana. Mucho menos les interesa garantizar derechos en materia social para aquellas personas y trayectorias de vida que incumplen con los mandatos heterosexuales y cisgénero. La neutralización de las iniciativas de ley, archivadas en el Congreso es la indiferencia dolosa hacia las poblaciones que incumplen con la hetero y cisnorma.

La identificación de estos anclajes conservadores es perceptible también en la tardía presentación de iniciativas ley LGBT+, pues es hasta 2018 cuando el estado de Guanajuato empieza a tener una historia al respecto, concretamente con la iniciativa del matrimonio igualitario, nueve años después de que esta figura legal se reconociera por primera vez en México y 12 años después del reconocimiento de las uniones civiles en la Ciudad de México.

Las personas legisladoras necesitan acercarse de manera genuina a las organizaciones y colectivas LGBT+, es necesario que incorporen a estas personas a elaborar estas iniciativas de ley a partir de la identidad e interseccionalidad que les atraviesa, y que vaya conforme a la iniciativa que se pretende presentar, y no hacerlo desde una concepción elegebetera.

Lo anterior porque no se trata de abanderar y proponer iniciativas de ley de temas “exóticos y de moda” para lograr posicionamiento político de parte de la o el legislador bajo lógicas de instrumentalización y extractivismo que lejos de sumar laceran la dignidad de las poblaciones LGBT+.

Finalmente, las iniciativas de ley a favor de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género no necesitan de disputas políticas dentro del Congreso de carácter personalista, una alianza genuina rebasa la frivolidad mediática del anuncio personalizado de una iniciativa de ley aprobada, que además invisibiliza las luchas históricas que han cobrado vidas de personas activistas. El logro de un derecho no tiene a una persona propietaria perteneciente a la política, sino que es el resultado de la suma de luchas en el tiempo de las personas activistas.

Guanajuato, Guanajuato, México a 12 de mayo de 2023.

 

Datos de la autora:

Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato

Coordinadora general y fundadora de Between LGBT*

Twitter: @ErickaEliberte

Correo: ericka.lopez@betweenlgbt.com.mx; ericka.lopez@ugto.mx

Academia.edu: https://ugto.academia.edu/ErickaL%C3%B3pez