Entre la discriminación y la reivindicación en las urnas:  la participación política de personas LGBTIQ+

 

 

Por Marlon Pabón

Integrante y cofundador del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de personas trans; investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y coordinador del área de administración pública y transparencia de la Misión de Observación Electoral MOE Colombia.

Entre el 2019 y el 2022 se realizaron elecciones en 12 países de América Latina y el Caribe para renovar el poder legislativo; en siete de estos: Guatemala, Perú, México, Honduras, Chile, Colombia y Brasil se eligieron a 38 Congresistas pertenecientes al sector social LGBTIQ+. Esto es un hecho destacable, sobre todo si se tiene en cuenta que los procesos electorales están lejos de ser igualitarios y que la mayoría de los países de la región no contemplan normas que promuevan la participación y representación política de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, en los que además persisten altos índices de violencia y prácticas discriminatorias.

 

En relación con lo anterior, llama la atención que Colombia y Brasil, que son los países más violentos de América Latina y el Caribe con 205[1] y 300[2] víctimas de homicidios LGBTIQ+ registrados en el 2021, respectivamente, también lograron la mayor representación LGBTIQ+ en los espacios legislativos. En Colombia resultaron electas siete personas, de las cuales tres se reconocen como lesbianas, dos como gays, una como mujer bisexual y por primera vez llegó una persona que se autoidentifica como no binaria. En el caso de Brasil se eligieron 18 candidaturas LGBTIQ+; dentro de este grupo se destaca la llegada de cuatro mujeres trans: dos como diputadas federales (Duda Salabert y Ericka Hilton) y dos como diputadas de Estado (Linda Brasil y Dani Balbi).

 

Adicionalmente, Brasil vive lo que se podría definir como la paradoja de la participación política de las personas LGBTIQ+: la coexistencia entre un alto número de candidaturas y personas electas, que viene en aumento; y una violencia endémica caracterizada por agresiones físicas, homicidios, discursos cargados de prejuicios, estigmatización y de acciones que criminalizan los cuerpos y los actos públicos de personas LGBTIQ+. Ilustrado con ejemplos, se encuentra en primer lugar que Brasil se convirtió en el país con mayor representación de personas LGBTIQ+ en el Congreso y como aquel entre la región que cuenta con el mayor número de personas trans elegidas popularmente para un proceso legislativo. De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), para los comicios de 2022 aspiraron 76 candidaturas trans, lo que representó un 44% más que las registradas en 2018. Pero, por otro lado, este país registró el más alto número de homicidios contra personas trans durante el 2021 y el 2022 con 111 y 77 víctimas, respectivamente, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

 

La presencia y voz de personas LGBTIQ+ en espacios que tradicionalmente han sido dominados por personas heterosexuales y cisgénero genera cierto tipo de expectativa. Esta puede ser la oportunidad para que se impulsen agendas legislativas y otro tipo de mecanismos de incidencia que logren impactar y transformar las realidades de exclusión y abandono institucional a las que históricamente han sido sometidas quienes pertenecen a este sector poblacional. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que las personas LGBTIQ+ electas se enfrentarán, o ya se están enfrentando, a estructuras sociales y culturales, así como a prácticas políticas en las que aún prevalece el sesgo o creencia de que lo heterosexual y cisgénero es los “válido”, lo “correcto” y que cualquier exigencia para el reconocimiento de derechos posiblemente será leída como un privilegio o intento por revertir el “orden social y moral”. Lo anterior, sumado a la creciente ola del discurso antiderechos promovido desde diferentes sectores, será quizás uno de los principales obstáculos.

 

De acuerdo con lo señalado, ya se han evidenciado algunas manifestaciones de violencia política contra personas LGBTIQ+.[3] Vale la pena recordar que el diputado Aldo Dávila Morales, de Guatemala, fue elegido en el 2019 y se convirtió en el primer político abiertamente gay. Con su llegada, Aldo Dávila se ha tenido que enfrentar a actos homofóbicos promovidos al interior del Congreso, como por ejemplo cuando le gritaron “maricón” e hicieron diferentes sonidos y comentarios en tono de burla por su orientación sexual, luego de que finalizara su intervención en la discusión de un proyecto de Ley. Actos violentos similares también los ha sufrido Víctor Manuel Grajeda, primer parlamentario gay de Honduras elegido en el 2021; mientras presentaba un informe sobre la situación de derechos de las personas LGBT+ fue abucheado por otros Congresistas.

 

El no reconocimiento y respeto de la identidad de género también ha derivado en comportamientos transfóbicos, ya sea por ataques directos a las parlamentarias trans o indirectos hacía las personas trans. En el primero de ellos, en el marco de una discusión al interior del Congreso un Diputado le expresó a la Diputada Emilia Schneider que ella jamás podría abortar. En el segundo grupo, se encuentran manifestaciones violentas como la ejercida por el Diputado Nikolas Ferreira de Brasil, quien  en el Día Internacional de la Mujer se puso una peluca y manifestó “la izquierda dijo que no podía hablar, así que resolví ese problema aquí. Hoy me siento mujer, me siento la diputada Nikole” y adicionalmente agregó “las mujeres están perdiendo su espacio por hombres que se sienten mujeres. Quieren imponer una realidad que no es”.

 

Por lo tanto, se deben realizar las adecuaciones institucionales y normativas para que se investiguen y sancionen este tipo de comportamientos que impactan en el ejercicio de los derechos políticos de las personas agredidas, pero que además por su carga simbólica pueden generar otras afectaciones colectivas.

 

Si bien las normas para lograr la participación y representación efectiva de las personas LGBTIQ+ deben ir acompañadas de fuertes cambios sociales y culturales; es hora de que los gobiernos y organismos electorales asuman con mayor seriedad y compromiso los retos para avanzar hacia una democracia plural. En este sentido se deben generar ciertas reflexiones sobre las barreras de acceso a las que se enfrentan, como por ejemplo (i) el impacto de la violencia en el debilitamiento de los liderazgos y los procesos asociativos, que a su vez son diferenciados ya sea por la orientación sexual o la identidad de género; (ii) las dificultades para ingresar a los partidos políticos; (iii) la relación entre el costo de las campañas electorales y los obstáculos para acceder a recursos económicos. Adicionalmente, (iv) los tratos discriminatorios que pueden recibir durante el ejercicio de la campaña y lo que implica en la dignidad e integridad de las personas LGBTIQ+ y (iv) la instauración de pánicos morales como arma política para frenar su llegada al poder; solo por mencionar algunas.

 

En todo caso, la creciente presencia de Congresistas LGBT+ es algo histórico y su apuesta ciudadana y política reivindica las trayectorias de vida de las personas sexo-género diversas que históricamente han sido relegadas de los espacios de decisión y de poder. Es un síntoma positivo, sobre todo porque los procesos electorales están lejos de ser igualitarios.

[1] La Violencia sí deja rastro: Informe sobre la situación de homicidios contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en América Latina y el Caribe. 2021.

[2]  Se puede consultar la siguiente nota de prensa: https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-homofobia_brasil-contin%C3%BAa-como-el-pa%C3%ADs-con-m%C3%A1s-muertes-por-homofobia-en-el-mundo/47382776

[3] Sobre el particular se puede consultar el documento “Elementos para pensar en la violencia política contra las personas LGBTIQ+. Documento de Trabajo No. 27. México: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, IIJ-UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA).

Bogotá, Colombia a 16 de mayo de 2023.

Sobre el autor:

Marlon Pabón Castro, es integrante y cofundador del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de derechos políticos y electorales de personas trans; investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y coordinador del área de administración pública y transparencia de la Misión de Observación Electoral MOE Colombia.

Twitter: @marlondpc

Academia.edu: https://independent.academia.edu/MarlonPabon